El proceso legislativo que afecta al
funcionamiento de las aulas hospitalarias es relativamente reciente.
La primera normativa dirigida a los
diferentes hospitales españoles en relación con las aulas hospitalarias se
recoge, aunque de una manera muy básica, en la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), Capítulo V,
artículo 63.1 y la Ley 13/1982 de 7 de Abril,
de Integración Social de los Minusválidos etc.).
Tras esta primera incursión en este campo el Ministerio de Educación legisló
ampliamente en este sentido hasta llegar al 18 de mayo de 1998, cuando este
Ministerio junto con el de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de
la Salud, firmaron un convenio, en el que se sentaron las bases y la
política compensatoria destinada a resolver la escolarización de los niños
convalecientes o ingresados en centros hospitalarios, de tal forma que
esto no sea un obstáculo para su formación educativa.
La segunda normativa se trata del Real Decreto
334/1985 de 6 de marzo, de Ordenación de la
Educación Especial, en su disposición adicional segunda establece una dotación
pedagógica necesaria para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo
de los niños en edad escolar internados en aulas hospitalarias.
Por resolución del Parlamento Europeo
del 13 de Mayo de 1986 se aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño
Hospitalizado, la cual recoge que los niños hospitalizados puedan recibir educación
durante su convalecencia.
El Ministerio de Educación se hizo el responsable de la organización y
funcionamiento de las unidades escolares en instituciones hospitalarias,
dotándolas del profesorado necesario, del material para su funcionamiento y de
la dotación económica suficiente para la adquisición y renovación del mismo.
Por su parte el Instituto Nacional de la
Salud, adquirió los compromisos de habilitar los espacios necesarios en los
centros hospitalarios para el funcionamiento de las unidades escolares, asumir
los gastos derivados de la infraestructura, mantenimiento y conservación de su
equipamiento y de la dotación de equipos informáticos y audiovisuales.
Asimismo, se establecieron los criterios
para la creación y dotación de las unidades escolares de ámbito hospitalario. Se
estableció la dotación tanto económica como docente el número de maestros en
función de las camas pediátricas de cada centro.
Otro Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales, establece en el artículo 3.6 que “el Ministerio de
Educación y Cultura promoverá la creación, en los centros hospitalarios y de
rehabilitación, de servicios escolares para el adecuado desarrollo del proceso
educativo de los alumnos de educación infantil, educación primaria y educación
secundaria obligatoria internados en ellos".
Tras esta Carta Europea de los Derechos
del Niño, la LOGSE publicó el Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo, sobre los
derechos y deberes de los alumnos.
Posteriormente, la LOPEG publicó el Real
Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a
la compensación de desigualdades en educación.
Posteriormente, se publicó el
Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero,
establece que el alumnado hospitalizado mantendrá su escolarización en el
centro ordinario en el que desarrolle su proceso educativo y excepcionalmente,
cuando no pueda asistir a un centro educativo por permanencia obligada en el
domicilio por prescripción facultativa, podrá matricularse en la modalidad de
educación a distancia.
Meses más tarde, se publicó la Circular
del 12/11/1996 de la
Dirección Nacional de Centros Educativos, que establece que los alumnos
ingresados en estos centros hospitalarios y que asisten a las aulas
hospitalarias mantienen su escolarización, a efectos de evaluación y promoción
en sus respectivos centros. Para ello los profesores que atienden estas aulas
deberán mantener una coordinación permanente con los centros de referencia de
estos alumnos.
Dos años más tarde, se publicó la
Resolución del 03/07/1998 de la Secretaría General Técnica en el que se da publicidad
el 18 de mayo de 1998 al convenio firmado entre el Ministerio de Educación y
Cultura, el Instituto Nacional de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo
para la atención educativa a los niños hospitalizados.
En la comunidad de Castilla y León, la
atención domiciliaria se recoge en el Plan Marco de Atención Educativa a la
Diversidad para Castilla y León y en la Orden EDU/1492/2004, de 27 de
Septiembre, por la que se aprueba el Plan de Actuación de las áreas de
Inspección Educativa y Programas Educativos de las Direcciones Provinciales de
Educación. En él se hace referencia a la Atención Hospitalaria y Domiciliaria
cuya finalidad es: “aportar una atención educativa adaptada al alumnado que no
puede asistir con regularidad a clase por razones de enfermedad”.
Actualmente, a raíz de la toma de
competencias tanto educativas como sanitarias por parte de las comunidades
autónomas, las aulas hospitalarias han pasado a depender de los respectivos
organismos autónomos competentes en la materia.
La normativa referente a todo lo
relacionado con las aulas hospitalarias, surgida a partir del año 2006, se va
diferenciando según las diferentes comunidades autónomas.
En Castilla y León, donde se llevará a
cabo nuestro proyecto, no se han publicado normativas referentes a las aulas
hospitalarias desde el año 2004.
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